Estonia se pronuncia sobre las facultades de confiscación de scooters eléctricos ilegales
Un responsable policial de tráfico compara los scooters rápidos con contrabando prohibido, pero un recurso legal sostiene que poseer un scooter no es ilegal.
El debate en Estonia sobre la aplicación de la normativa a los scooters eléctricos se reaviva después de que un responsable policial de control del tráfico estableciera una comparación controvertida entre la velocidad ilegal y el contrabando prohibido.
Durante el debate, la policía advirtió sobre jóvenes que conducen scooters potentes con los limitadores de velocidad retirados y circulan por el tráfico pese a las normas legales. El jefe de la unidad de supervisión del tráfico policial señaló que los scooters que superan los límites de velocidad legales deben tratarse como armas, narcóticos y cigarrillos de contrabando, cuya posesión o manejo está prohibido en Estonia.
Pero los argumentos legales presentados en el artículo sostienen que la comparación es inadecuada, porque la posesión de un scooter no es ilegal. El uso de un scooter que no cumple la normativa solo está prohibido en el tráfico público.
El artículo se centra en las potestades de confiscación y describe la confiscación como una restricción de gran alcance sobre los derechos de propiedad protegidos por la Constitución. También señala que el Tribunal Supremo de Estonia ha exigido una justificación para confiscar un instrumento utilizado para cometer una infracción, incluida la probabilidad de violaciones similares y si se han intentado medidas menos gravosas y han fracasado.
Aunque sostiene que la policía debería poder retirar de la circulación un vehículo que no cumpla la normativa, se cuestiona si debería privar de manera permanente a alguien de su propiedad sin una revisión judicial previa. La policía ya puede incautar un scooter a su usuario, almacenarlo, tramitar la infracción y solicitar una orden judicial de confiscación.
Añade que en casos anteriores los tribunales no han concedido las solicitudes de la policía, y que entre los factores es probable que estén la proporcionalidad y la protección de la propiedad privada, y que algunas solicitudes podrían no haber estado suficientemente justificadas.
Para controlar las infracciones repetidas de scooters sin recurrir a la confiscación permanente por parte del poder ejecutivo, el artículo propone seis medidas: multas más altas, un sistema de puntos que afecte a los permisos de scooters y a la futura elegibilidad para el permiso de conducir, trabajos en beneficio de la comunidad, una participación más estrecha de los padres, la devolución de los scooters solo después de que se ajusten al cumplimiento normativo, y sanciones más severas para las reincidencias, incluida la opción existente de pedir a un tribunal la confiscación.
El estado confirmado más reciente descrito es que las solicitudes de confiscación a través de los tribunales no se han concedido en casos anteriores, mientras continúan la aplicación de la norma y el debate jurídico.
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Fuente:
ERR News