El acceso transfronterizo a pruebas electrónicas se está convirtiendo en un desafío importante para las investigaciones penales en toda Europa, informa Europol. La agencia afirma que más de la mitad de las investigaciones penales actuales incluyen una solicitud para obtener pruebas electrónicas, como textos, correos electrónicos o mensajes de aplicaciones. En muchos casos, la información buscada puede encontrarse en un país distinto de aquel en el que están los investigadores que la solicitan. Europol destaca que la obtención de pruebas electrónicas se ve complicada tanto por cuestiones jurídicas como técnicas. Las pruebas pueden estar almacenadas en un lugar desconocido y los servidores que contienen los datos pueden estar repartidos por varios países. Esto puede dificultar la identificación del lugar donde se conserva la información y de la forma en que debe accederse a ella. El informe también señala la falta de plazos armonizados para tramitar este tipo de solicitudes. Como consecuencia, los investigadores y las autoridades pueden enfrentarse a incertidumbre sobre los plazos cuando intentan asegurar datos digitales a través de las fronteras. La combinación de la complejidad jurídica y la realidad técnica de la forma en que se almacenan los datos hace que las solicitudes transfronterizas de pruebas electrónicas no sean sencillas. Europol presenta estos factores como algunos de los principales desafíos que afectan al acceso a pruebas electrónicas en asuntos penales. El comunicado de prensa de Europol no expone casos individuales ni resultados concretos de actuaciones policiales, sino que se centra en el problema más amplio: a medida que las investigaciones dependen cada vez más de las comunicaciones digitales, los sistemas para obtener pruebas electrónicas transfronterizas deben hacer frente a ubicaciones fragmentadas, jurisdicciones complejas y procedimientos diferentes.